1 de Mayo de 2011

El 1 de Mayo de 1886, en el Chicago de la lucha obrera de Hayamarket, se instituyó como lema: “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. Al margen de este simbolismo solidario, hoy se demanda trabajo, simplemente trabajo, aunque la jornada sea de ocho horas, puesto que la única oferta que existe son trabajos temporales o a tiempo parcial. Poco hemos avanzado en todo este tiempo.

Conquistados por los trabajadores o concedidos por regímenes paternalistas, estos derechos básicos, que, hoy en día, caminan hacia su degradación en un mundo en el que se extiende la exclusión y la marginalidad; la precariedad y la temporalidad; el paro y la desprotección social con pérdidas de derechos laborales y sindicales, sociales y humanos, y que cercena las coberturas sociales y laborales.

Se firman contratos en blanco que permiten despedir libremente y sin indemnización, que no tienen el referente de un convenio colectivo que frene desmanes y abusos de algunas empresas. Ante los intentos de individualizar las condiciones de trabajo y de enjuiciar los convenios y acuerdos de empresa, de obstaculizar futuros Acuerdos de Empleo y de Negociación Colectiva que garanticen el poder adquisitivo de los salarios, y de incumplir los compromisos ya pactados por patronal y sindicatos, refrendados por Sentencias del Tribunal Supremo, se precisa vertebrar una nueva negociación colectiva que implique a los sindicatos en una mayor gestión de la flexibilidad interna y en el reparto negociado de la productividad, y que frenen el deterioro continuado de las condiciones de trabajo, la disminución de las rentas del salario, la destrucción masiva de empleos.

En este permanente estado de tensión financiera, económica y política, que genera el conflicto por el conflicto en un mercado sin reglas, que anula y desborda los organismos de control, y que hace actuar al unísono, Gobiernos, especialmente los de izquierda, y la gran patronal, y sin ninguna legitimidad, tratan de segregar la sociedad para imponer sus intereses sectarios y así controlar la vida de las personas en todos sus aspectos: de intimidad personal, de consumidor, de trabajador convertido en mero objeto que asume la siniestralidad laboral como algo natural. Más horas de trabajo, una mayor productividad y competitividad, y una inflación creciente generarán plusvalías, a costa de los derechos humanos y de la propia vida, en un amplio proceso de abandono del progreso social que originará la reducción de los sueldos y la congelación de las pensiones públicas; que bloqueará un sistema crediticio incapaz de dotar de liquidez a las familias, a los autónomos y a las empresas; que descontrolará los precios.

El Pacto del Euro impele a los gobiernos nacionales a debilitar la negociación colectiva reduciendo la autonomía de los interlocutores sociales. El Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE situará en el horizonte del 2013 la reducción drástica del déficit público impactando sobre los sistemas públicos de protección social del Estado de Bienestar europeo.

En la búsqueda de solvencia del sistema público de protección social hemos de impulsar políticas de empleo y formación, tenemos que recuperar ayudas económicas para los parados, habremos de avanzar en políticas industriales, energéticas, I+D+i y de recuperación del diálogo social en las Administraciones Públicas; pero, el Acuerdo Social y Económico, de 2 de febrero de 2011, no podrá impedir, en estos momentos, que persistan propuestas de recorte de prestaciones, de modificación del sistema de pensiones público y de reparto por otros sistemas mixtos de capitalización obligatoria y de jubilación retrasada.

Al actual consumo energético sin precedentes poco le importa que algunas fuentes energéticas deterioren el planeta y pongan en peligro la vida del ser humano por defectos en el control y en las medidas de seguridad que producen efectos devastadores y daños colaterales sobre millones de personas. Tenemos, pues, un modelo de crecimiento incapaz de relegar el hambre y la pobreza, que no crea empleo ni consolida a las personas en sus derechos, que no garantiza la seguridad y la salud ni unas condiciones dignas de trabajo.

Como hace doscientos años, en España, soportamos un profundo proceso desamortizador que conduce a la privatización de todo lo público, ya sean éstos bienes o servicios. Un buen ejemplo de esto es el proceso de bancarización de las Cajas de Ahorro, hundidas por la gestión de políticos corruptos, ante el cual sólo cabe reafirmar la naturaleza jurídica de las mismas compatible con una gestión profesional. Sin embargo, se ensalza lo privado frente a lo público, al tiempo que se condicionan las consciencias para que asuman la guerra como método irrenunciable en la resolución de conflictos, en un mundo donde el intervencionismo militar, auspiciado por las grandes corporaciones y bajo el paraguas de la ONU, se disfraza de intervención humanitaria que deja en el camino millones de muertos.

Nosotros, los trabajadores carlistas, hagamos de este 1º de Mayo una jornada para dotar de dimensión social a una globalización, que compromete nuestra identidad, nuestros valores y nuestros compromisos históricos como trabajadores en esa lucha permanente contra los recortes sociales y por el trabajo con derechos; en esa lucha por el reparto equilibrado de los ajustes entre todos los elementos que intervienen en el proceso económico. Una lucha por una mayor equidad y por políticas de justicia social, que den la necesaria confianza para democratizar las instituciones. Una política que respete las libertades a todos los pueblos del mundo y para que cese, inmediatamente, la represión en aquellos países en los que se masacra a su población civil, y para que, muy especialmente, no silencie, sin rubor alguno, la implacable persecución a millones de trabajadores cristianos en gran parte del mundo. Una lucha global para alcanzar una paz mundial justa y solidaria.